El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló este jueves, 3 de octubre en el caso en el que la empresa estadounidense Exxon Mobil exigía la indemnización por la nacionalización de los proyectos Cerro Negro y La Ceiba.
Estos son los datos más relevantes del caso:
Estos son los datos más relevantes del caso:
- ¿Qué reclamaba Exxon-Mobil?
La empresa estadounidense reclamaba una
compensación de $20.000.000,00 por la expropiación de sus activos en
los proyectos Cerro Negro (Monagas) y La Ceiba (Zulia) en los que
trabajó desde 1997 hasta 2007 cuando fueron expropiados. Como no se
logró un acuerdo con el gobierno la compañía recurrió en 2007 al
arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y al Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
- ¿Qué argumentaba Venezuela? Venezuela consideraba que la cifra solicitada por Exxon Mobil era exagerada y no estaba acorde con la valoración de los activos expropiados.
- ¿Qué argumentaba Venezuela? Venezuela consideraba que la cifra solicitada por Exxon Mobil era exagerada y no estaba acorde con la valoración de los activos expropiados.
- ¿Cuánto debe pagar Venezuela?
El pago de Venezuela a Exxon-Mobil se divide en las dos decisiones
que emanaron las dos instancias a las que recurrió la empresa. En 2012,
el CCI dictaminó el pagó de $907 millones, que el canciller Rafael
Ramírez, asegura ya fueron cancelados y serán descontados del monto
indicado por el Ciadi.
Este jueves el Ciadi anunció su decisión en la que indica que el país debe pagar un monto global de $1.600 millones.
Este jueves el Ciadi anunció su decisión en la que indica que el país debe pagar un monto global de $1.600 millones.
- ¿Quién ganó? PDVSA vs. EXXON-MOBIL
Ambas partes se consideran ganadoras con la decisión. Solo una perogullada, Exxon-Mobil exige unos números astrónomicos para obtener sus US $1.600.000,00 . La
agencia de noticias AP reseñó las declaraciones del portavoz de ExxonMobil
David Eglinton, quien dijo en un comunicado el dictamen "confirma que el
gobierno venezolano no brindó una compensación justa por los bienes
expropiados" en su momento.
Por su parte, el gobierno venezolano lo considera una victoria sobre los intereses de la transnacional. En un comunicado leído en la televisión estatal por el canciller y expresidente de Pdvsa , Rafael Ramírez, se señala que la decisión "confirma que el nivel de compensación buscado siempre ha sido exhobitante y completamente injustificado".
- Dos colosos. La disputa entre PDVSA y Exxon Mobil representó un enfrentamiento entre dos grandes de la industria petrolera. Por un lado, el país con las reservas probadas de crudo más grandes del mundo y por el otro la empresa petrolera más grande del mundo por activos y capitalización bursátil.
Por su parte, el gobierno venezolano lo considera una victoria sobre los intereses de la transnacional. En un comunicado leído en la televisión estatal por el canciller y expresidente de Pdvsa , Rafael Ramírez, se señala que la decisión "confirma que el nivel de compensación buscado siempre ha sido exhobitante y completamente injustificado".
- Dos colosos. La disputa entre PDVSA y Exxon Mobil representó un enfrentamiento entre dos grandes de la industria petrolera. Por un lado, el país con las reservas probadas de crudo más grandes del mundo y por el otro la empresa petrolera más grande del mundo por activos y capitalización bursátil.
¿De dónde vino todo este pleito ?
Hace siete años el presidente Hugo Chávez, decretó Plena Soberanía
Petrolera y la nacionalización del petróleo para dar a la estatal
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) la mayoría accionaria y posibilitar la
redistribución social de la renta en beneficio del pueblo.
La medida frenaba las intenciones de los gobiernos neoliberales de privatizar este estratégico recurso de los venezolanos iniciado con la llamada “Apertura petrolera”. Una de las prácticas más comunes era la firma de “Convenios Operativos” con las empresas transnacionales.
Los “Convenios Operativos” suponían:
- Entrega de campos petroleros considerados marginales (de “dificil explotación” y “poco rentables para PDVSA”) para su “reactivación” por las transnacionales
- Contratos de exploración y explotación por 20 años.
- Las transnacionales pagarían el 34% de Impuesto sobre la Renta, sin regalías, las cuales eran asumidas por PDVSA.
- La solución de los conflictos se dirimirían mediante un arbitraje internacional, supranacional, en franca violación de la soberanía nacional.
- Las empresas exigían cuatro obligaciones económicas que debía asumir PDVSA: Los costos de operación, los costos de capital, los incentivos para una mayor producción y las deudas adquiridas por las empresas para poder realizar inversiones)
- Como resultado Venezuela acababa pagando entre el 110 y el 135 por ciento por cada barril de petróleo venezolano producido.
32 de estos convenios fueron firmados con 22 empresas. Con los convenios operativos se violaba la Carta Magna que reserva la exploración y explotación petrolera exclusivamente al Estado venezolano.
La Plena Soberanía Petrolera ponía fin a estos convenios, permitiendo la participación de capital privado en la industria, regulado por el Estado. Casi todas las petroleras que tenían e convenios operativos aceptaron que les redujeran su participación, excepto Exxon y Conoco Phillips, que llevaron sus demandas al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) adscrita al Banco Mundial.
En 2012 un jurado de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional ordenó a PDVSA el pago de USD 908 millones, de los siete mil millones que exigía Exxon, como compensación por los activos que perdió tras la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Como afirmara el Comandante, “comienza a consolidarse una nueva geopolítica petrolera al servicio de los pueblos y no de los intereses del imperialismo y del gran capital”.
La medida frenaba las intenciones de los gobiernos neoliberales de privatizar este estratégico recurso de los venezolanos iniciado con la llamada “Apertura petrolera”. Una de las prácticas más comunes era la firma de “Convenios Operativos” con las empresas transnacionales.
Los “Convenios Operativos” suponían:
- Entrega de campos petroleros considerados marginales (de “dificil explotación” y “poco rentables para PDVSA”) para su “reactivación” por las transnacionales
- Contratos de exploración y explotación por 20 años.
- Las transnacionales pagarían el 34% de Impuesto sobre la Renta, sin regalías, las cuales eran asumidas por PDVSA.
- La solución de los conflictos se dirimirían mediante un arbitraje internacional, supranacional, en franca violación de la soberanía nacional.
- Las empresas exigían cuatro obligaciones económicas que debía asumir PDVSA: Los costos de operación, los costos de capital, los incentivos para una mayor producción y las deudas adquiridas por las empresas para poder realizar inversiones)
- Como resultado Venezuela acababa pagando entre el 110 y el 135 por ciento por cada barril de petróleo venezolano producido.
32 de estos convenios fueron firmados con 22 empresas. Con los convenios operativos se violaba la Carta Magna que reserva la exploración y explotación petrolera exclusivamente al Estado venezolano.
La Plena Soberanía Petrolera ponía fin a estos convenios, permitiendo la participación de capital privado en la industria, regulado por el Estado. Casi todas las petroleras que tenían e convenios operativos aceptaron que les redujeran su participación, excepto Exxon y Conoco Phillips, que llevaron sus demandas al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI) adscrita al Banco Mundial.
En 2012 un jurado de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional ordenó a PDVSA el pago de USD 908 millones, de los siete mil millones que exigía Exxon, como compensación por los activos que perdió tras la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Como afirmara el Comandante, “comienza a consolidarse una nueva geopolítica petrolera al servicio de los pueblos y no de los intereses del imperialismo y del gran capital”.
COMUNICADO de la Cancillería Venezolana
La transnacional Exxon Mobil ha estado atacando la soberanía de la
República Bolivariana de Venezuela continuamente durante los últimos
siete años, impugnando la nacionalización de la Faja Petrolífera del
Orinoco y la extinción de los convenios de asociación firmados por PDVSA
durante la apertura petrolera de los años 90, todas acciones lideradas
por el Comandante Supremo Hugo Chávez en el marco de la Política de
Plena Soberanía Petrolera. Este ataque comenzó con un intento de hacer
poner de rodillas a PDVSA mediante un abusivo proceso que sólo puede ser
calificado de “terrorismo judicial”, cuando Exxon Mobil obtuvo de una
corte en Londres una orden de congelamiento de activos de PDVSA con
alcance mundial (la infame “Mareva injunction”).
En ese entonces la Exxon Mobil afirmó que PDVSA le debía 12 mil millones
de dólares por la nacionalización del Proyecto Cerro Negro y que esa
poderosa transnacional necesitaba protección de la corte en Londres. La
firme defensa de PDVSA tuvo éxito en derrotar esta maniobra abusiva de
ExxonMobil, demostrando que sus acciones fueron totalmente infundadas.
En el arbitraje que Exxon Mobil inició contra PDVSA ante la Cámara de
Comercio Internacional, PDVSA logró demostrar que los reclamos de
ExxonMobil eran sumamente exagerados y que, si ExxonMobil hubiera tenido
algún interés en negociar un acuerdo de buena fe, hubiera podido
obtener la compensación apropiada mediante un acuerdo amigable.
En aquel entonces, a principios del año 2012, ExxonMobil trató de
restarle importancia al éxito de PDVSA, informando a todo el mundo que
su reclamo principal seguía siendo de miles de millones de dólares ahora
en contra del Estado Venezolano ante el CIADI. A tal efecto, la
transnacional utilizó el cuestionado sistema internacional de arbitraje
de inversión, el cual se ha prestado muchas veces para agredir la
soberanía de Estados e imponer indemnizaciones punitivas a diferentes
países a fin de inhibirlos en el ejercicio de su soberanía permanente
sobre la explotación de sus recursos naturales.
Pero ahora, aún dicho sistema ha rechazado las pretensiones exageradas
de Exxon Mobil. El tribunal arbitral del CIADI acaba de emitir su laudo
definitivo en el caso, poniendo fin a las especulaciones infundadas que
han venido circulando por varios años de que la República tendría que
pagar una indemnización de miles de millones de dólares a Exxon Mobil y
confirmando que el nivel de compensación buscado por Exxon Mobil por la
nacionalización siempre ha sido exorbitante y completamente
injustificado, tal como la República ha dejado claro desde el principio
del litigio en 2007. El monto total de la compensación determinado por
el tribunal arbitral por los antiguos Proyectos Cerro Negro y La Ceiba
es de 1.591 millones de dólares, monto que no guarda relación alguna con
las pretensiones irrazonables de Exxon Mobil en este caso, que
ascendían a alrededor de 20 mil millones de dólares. Estas absurdas
cantidades buscadas por transnacionales como Exxon Mobil y Conoco, si
fueren tomadas en serio por tribunales arbitrales, podrían resultar en
la destrucción de la economía de muchos países y en el colapso total del
sistema de derecho internacional.
Cabe señalar que el tribunal arbitral del CIADI ha reconocido un crédito
en favor de la República por el monto ya pagado por PDVSA de 907
millones de dólares en 2012 para el Proyecto Cerro Negro, que deberá
descontarse, además de los interés, del monto del laudo, quedando así
reducido sustancialmente el monto restante a pagar. No obstante que la
suma ya pagada por PDVSA debería haber puesto fin a la disputa relativa a
la compensación por el Proyecto Cerro Negro, el monto global
determinado por el tribunal arbitral del CIADI para el conjunto de los
proyectos de Exxon Mobil en el país se encuentra dentro del rango
razonable considerado por la República en 2007, cuando la República hizo
sus mejores esfuerzos para llegar a un acuerdo amigable, los cuales
fueran abruptamente rechazados por Exxon Mobil en esa oportunidad.
La decisión del tribunal arbitral deja claro que este litigio de siete
años de duración, de proporciones gigantescas y maniobras escandalosas
de Exxon Mobil, fue totalmente innecesario, no sirviendo a propósito
legítimo alguno. El retiro de Venezuela del CIADI, que se produjo en
2012 como reacción a elementos del sistema de arbitraje de inversión con
los cuales disentimos, en forma alguna disminuyó nuestro criterio de
reconocer el principio de compensación justa por la nacionalización,
pero lo que la República no ha aceptado ni nunca aceptará es doblegarse
frente a reclamos exorbitantes. El éxito final en este litigio se debe a
la firme determinación de la República de ser fiel a ese principio
fundamental.
Una vez mas la República Bolivariana de Venezuela, su gobierno,
instituciones y trabajadores le salen al paso y logramos derrotar las
agresiones de los poderosos intereses transnacionales, y a sus agentes
nacionales que de manera vergonzosa los apoyan en el país. Reiteramos
que Venezuela se respeta, estamos decididos a defender nuestra
independencia y soberanía en cualquier escenario.
¡VIVA EL COMANDANTE CHAVEZ!
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