A éste magnífico artículo de Carlos Lippo solo le puedo añadir los denodados esfuerzos del lado venezolano para que algo así como US $ 8.000.000.000,00 se hayan ido de contrabando hacia la hermana República de Colombia sin que el Estado venezolano no solo hiciese nada, ni se entera, sino que apenas si se enteró al ver las quejas del Pueblo al ver los anaqueles vacio. Cuando se quiten la venda vean también la fuga de cerebros, que parece tampoco importarles un bledo.

El contrabando de extracción: arma letal de Colombia en su guerra no declarada en contra de Venezuela

Por: Carlos E. Lippo

El contrabando de extracción de combustibles y alimentos a través de nuestra frontera occidental ha adquirido dimensiones extraordinarias desde finales de 2.013, traduciéndose ello en cuantiosas pérdidas materiales para nuestro país. Sólo por concepto de combustibles el país estaría "subsidiando" involuntariamente a Colombia en unos US $ 1.800 anuales, asociados a los 100.000 barriles diarios que se han estado yendo por los "caminos verdes". En materia de alimentos e insumos alimenticios importados se registra una pérdida similar, correspondiente al 30 % de nuestras importaciones en estos rubros, hechas con divisas preferenciales. Para poner estas cifras en contexto es necesario decir que la suma de ambas representa una cantidad que es 8,66 veces mayor que la correspondiente a nuestras exportaciones legales a ese país durante el año 2.013. A lo anterior hay que agregar las pérdidas asociadas al contrabando de especies animales vivas y ya beneficiadas, de otros alimentos de procedencia nacional, de artículos de higiene, textiles, calzados, autopartes, materiales para la construcción, insumos agrícolas e industriales y hasta de electrodomésticos. Sin embargo, el mayor impacto negativo de esta insostenible situación no es el generado por estas pérdidas financieras, sino el inmenso costo social derivado del desabastecimiento de artículos de primera necesidad que el Gobierno Revolucionario se esfuerza por hacer llegar a precios solidarios (subsidiados) a las grandes masas populares, cosa que no tiene el más mínimo empacho en reconocer la Canciller María Angela Holguín cuando señala sin rubor alguno que: "efectivamente el desabastecimiento en Venezuela tiene mucho que ver con el contrabando que está pasando a Colombia" (1).
Esta actividad delincuencial es promovida por una feroz manipulación cambiaria realizada por unas pocas casas de cambio de Cúcuta, reglamentadas y convertidas en agentes de cambio fronterizos durante los gobiernos de Uribe Vélez. Si se determinase la paridad cambiaria bolívar-peso colombiano por referencia con el dólar estadounidense, al día de ayer cada bolívar equivaldría a 314,47 pesos colombianos (1.960,80 pesos/dólar / 6,30 bolívares/dólar), sin embargo, el Banco de la República de Colombia, equivalente a nuestro BCV, en ejercicio legal de sus atribuciones fija una tasa oficial sustancialmente menor que debería ser acatada en todo el país, cosa que no ocurre. Lo que ocurre, dicho en palabras de Juan Carlos Tanus responsable de la ONG "Colombianos en Venezuela" es lo siguiente: "… el Banco de la República de Colombia tiene hoy fijada una tasa de 170 pesos por bolívar, o sea 1 bolívar vale según la banca oficial 170 pesos en Colombia. Es decir, si yo voy con un bolívar me deberían dar 170 pesos. Pero si esto fuera así, el contrabando ya no tendría sentido porque no habría ganancia. Si 1 bolívar me cuesta 170 pesos, para adquirir un kilo de arroz yo tendría que llevar 11 bolívares, que serían casi 1900 pesos, y ese precio ya no sería apetitoso para el colombiano". "Entonces, ¿qué hacen estas casas de cambio? Fijan un precio paralelo distinto. Hoy, los cambistas decidieron dar 23 pesos (en vez de 170) por bolívar. O sea, se quedan con 147 pesos en cada operación que se hace con 1 bolívar. Ese es el meollo del contrabando: si yo como cambista sigo empobreciendo el bolívar, si fabrico un bolívar "devaluado", voy a poder tener un peso cada vez más fuerte, y voy a poder llevarme más productos, y más productos a un valor ínfimo" (2).
El contrabando de extracción desde Venezuela ocasiona pérdidas fiscales a Colombia estimadas en unos US $ 329,87 anuales, según unas declaraciones atribuidas al Presidente Juan Manuel Santos por el diario "El Colombiano" de Medellín (3), cantidad que es sustancialmente menor que la pérdida financiera experimentada por Venezuela a causa del mismo fenómeno. Sin embargo ocurre, a manera de ejemplo, que Colombia por vía de este contrabando, no sólo es que logra satisfacer la totalidad de su demanda de gasolina, estimada por la unidad de planificación (UPME) del Ministerio de Minas y Energía en 73.535 barriles diarios para el año 2.014 (4), sino que además logra disponer de un excedente de 26.465 barriles diarios para exportarlo a precios internacionales en divisas. Cosa que vienen haciendo con la anuencia de Ecopetrol S. A., (Empresa Nacional de Hidrocarburos de Colombia), las operadoras privadas Pacific Rubiales, Alange y Vectra en las que tienen intereses los ex ejecutivos de PDVSA Humberto Calderón Berti, Luis Giusti y Ronald Pantín, que son las que reciben el combustible venezolano de contrabando y lo nacionalizan sin pago de aranceles según una legislación aprobada por el gobierno de Uribe Vélez (5).
Pero no sólo es la gasolina el único bien procedente de Venezuela vía contrabando que es exportado por Colombia. Según el antes citado Juan Carlos Tanus, "de los productos subsidiados por Venezuela vive un tercio de la población colombiana, es decir, más de 16 millones de personas", a los cuales considero que habría que añadir a los más de 5 millones que viven entre nosotros; sin embargo en Colombia se las ingenian para exportar a precios internacionales una parte de esos alimentos. Como es el caso del café venezolano de contrabando, exportado como café colombiano, violando así su "denominación de origen"(6). Aunque nuestro café es de una calidad muy superior a la del colombiano, se estaría consumando una estafa a los consumidores que obviamente constituye un delito.
El fenómeno del contrabando de extracción hacia Colombia ha adquirido tales proporciones que se requiere de organizaciones bien estructuradas y de inversiones mil millonarias para realizarlo, por lo que resulta más que evidente que detrás de este terrible flagelo se encuentra el narcotráfico binacional y su inaplazable necesidad de legitimar los capitales provenientes de su ilícito negocio primario; por supuesto tienen también un rol de primer orden, como ya se ha dicho, los operadores cambiarios fronterizos y por vía de ellos todo el paramilitarismo de frontera: "Los Rastrojos", "Los Urabeños" y las "Bacrin" (bandas criminales emergentes, bautizadas así por Uribe Vélez), según ha señalado nuestro embajador en Colombia (7).
El mayor cómplice del contrabando al otro lado de la frontera es el propio Gobierno de Colombia, que nada hace para desmontar el andamiaje legal que lo absuelve y lo promueve, cuya existencia denunciada recientemente en la Asamblea Nacional por el Diputado Jesús Avila (8), en especial los decretos de Uribe Vélez del año 2.001 que legalizan el contrabando de combustibles, ha sido reconocida públicamente en varias oportunidades por la Canciller Maria Angela Holguín. Siendo harto evidente que esta deliberada política de provocación hacia nuestro pueblo y gobierno, por parte del gobierno colombiano, está inspirada en la necesidad de satisfacer las exigencias tanto de la burguesía que lo sustenta, como del propio imperio con el cual mantiene sumisas y vergonzantes "relaciones carnales". ¡Se trata pues de una auténtica guerra de intensidad más que mediana, no declarada aún, como se sugiere en el título de este artículo!
Cómplices necesarios para perpetrar tan ominoso crimen son la mayoría de los empresarios venezolanos de la industria de alimentos y de la agroindustria, ganaderos venezolanos de frontera, efectivos militares y policiales venezolanos, funcionarios venales de PDVSA y el Ministerio de Alimentación, así como todo un ejército de "lumpen proletarios", "lumpen clasemedia" y "lumpen burgueses", todos de oposición, encubiertos algunos de ellos en organizaciones de la revolución, que deberían ser procesados no sólo por los delitos comunes asociados: especulación, acaparamiento, desabastecimiento, corrupción de funcionario público, etc., sino fundamentalmente por traición a la patria.
Comparto, aplaudo y doy cumplimiento, en todo lo que me atañe como militante de base del proceso revolucionario, a todas las medidas puestas en práctica por nuestro gobierno con el propósito de combatir el contrabando, en especial la referente al cierre de fronteras, que he propuesto en más de media docena de artículos anteriores, así sea de manera parcial, por ahora. Las astronómicas cantidades de combustible y otras especies que han sido objeto de comiso, así como las medidas de privación de libertad acordadas para los presuntos autores, cercanas al medio millar desde el pasado 12 de agosto (9), todas ellas de este lado de la frontera dan fe de la eficacia de tales medidas y del empeño puesto por nuestras más altas autoridades. Como era de esperarse este hecho contrasta con el muy bajo rendimiento obtenido por las autoridades colombianas en la aplicación de las mismas medidas que además fueron diseñadas de manera conjunta, evidenciado por la ínfima cantidad de productos decomisados y por la inexistencia de presuntos delincuentes privados de libertad, cosa que hube de comprobar mediante la lectura de las ediciones digitales de los diarios El Espectador y El Tiempo de Bogotá, El País de Cali y El Colombiano de Medellín correspondientes al período comprendido entre esta fecha y el inicio de su supuesta aplicación, el 12 de agosto pasado. ¡Ya veremos hasta cuando se podrá seguir tolerando esta situación!

¡Hasta la Victoria Siempre!

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