sábado, 8 de noviembre de 2014

Seguridad, Soberanía Alimentaria y Ley de Semillas.



¿Qué es la Soberanía Alimentaria?

La Soberanía Alimentaria defiende el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Sitúa a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de e incluye a las futuras generaciones. Ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca hacia su gestión por productores y productoras locales.

¿Qué es la Seguridad Alimentaria  ?


La FAO asevera: "Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.”Siete de cada diez ( 7/10 ) personas que padecen inseguridad alimentaria en el mundo dependen de la agricultura familiar para subsistir. Nueve de cada diez (9/10) explotaciones agrícolas son trabajadas por familias de pequeños campesinos. A la agricultura familiar se le debe el 80% del valor de la producción total de alimentos."







La Alimentación como un derecho.


Lo dice el último informe publicado por la FAO sobre el estado mundial de la agricultura y la alimentación. Según este informe, aunque el 94% de las explotaciones agrícolas tiene una extensión que no supera las cinco ( 5 ) hectáreas, éstas sólo ocupan el 19% de la superficie disponible para el cultivo en todo el planeta.

Por el contrario, únicamente un uno por ciento ( 1% ) de las explotaciones cuenta con una extensión superior a cincuenta ( 50 ) hectáreas, pero ese mínimo porcentaje ocupa el 65% de la superficie total cultivable. Toda esta realidad dibuja un escenario en el que la mayor parte de la propiedad de la tierra se concentra en manos de grandes hacendados, mientras que es la pequeña agricultura la que da de comer a las amplias mayorías de la población humana.

Proteger la agricultura familiar es esencial en la lucha contra el hambre y la pobreza, cuando cerca de mil millones de personas dependen para alimentarse y sobrevivir de lo que producen en pequeñas explotaciones, al carecer de otras fuentes de ingresos.

Es necesario también para preservar la agro-biodiversidad, amenazada por el modelo del agronegocio de las corporaciones transnacionales latifundistas, el de los monocultivos, las semillas patentadas, el consumo de enormes cantidades de agua, fertilizantes y plaguicidas.

Y es crucial para fortalecer la soberanía alimentaria, pues la agricultura familiar y campesina es depositaria de los saberes ancestrales, del conocimiento sobre las semillas, las técnicas de cultivo y la mejor adaptación a las condiciones naturales locales, que la agroindustria enterró bajo toneladas de fertilizantes y agrotóxicos. Proteger ese conocimiento significa quebrar la dependencia de las tecnologías monopolizadas por las grandes firmas que controlan el negocio de la producción y la distribución de alimentos.

El proyecto de Ley de Semillas aprobado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela el pasado martes 14 de octubre, supone un importante paso adelante hacia la seguridad y la soberanía alimentaria. Una ley que contribuye a proteger la agricultura familiar y campesina, y que se nutre del debate popular entre productores, distribuidores, comercializadores y organizaciones sociales.




La nueva Ley de Semillas aprobada por la Asamblea Nacional


La prohibición para la producción, importación, comercialización, distribución, comercialización y uso de semillas transgénicas queda expresada en el artículo cinco del proyecto de ley de semillas, el cual fue elaborado por diputados de la Asamblea Nacional.

El proyecto fija decisión sobre un tema que genera polémica entre algunos sectores productivos que creen que esta tecnología mejora los rendimientos y los que creen que perjudica la salud y el ambiente.

El proyecto cuenta con 89 artículos, dos disposiciones transitorias y una final y su espíritu es “antitransgénicos”, según se indica en la exposición de motivos: “Se propone el presente proyecto de ley para detener radical y totalmente en Venezuela la posible entrada de los alimentos transgénicos pues estos, en vez de mejorar la seguridad alimentaria, la colocan gravemente en riesgo”.

En el documento se declara de utilidad pública e interés social la investigación, producción, certificación, protección, distribución y comercialización de semillas. Se prevé la creación del Instituto Nacional de Semillas (Inasem), que estará adscrito a la Vicepresidencia de la República.

El organismo sería el responsable de la creación de la Reserva Nacional de Semillas, para garantizar su disponibilidad para la producción de alimentos. También crea la certificación de semillas Campesina, que proviene de cultivos autóctonos.




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