lunes, 16 de abril de 2012

The Big Democratic Brother


Hace no tantos años, el mundo entero se escandalizaba observando las prácticas de regímenes como el chino o el iraní, que desarrollaban técnicas y adoptaban tecnologías para poder espiar las comunicaciones de sus ciudadanos en la red. Los adjetivos aplicados a esos países eran a todas luces inequívocos: liberticidas, antidemocráticos, irrespetuosos con los derechos humanos… todo era invocar la memoria de G. Orwell y su Gran Hermano, mientras se condenaba la obsesión por el control de esos regímenes calificados como dictatoriales.
América para las Corporaciones
El Reino Unido anunció ayer, y no era un April Fools (Día de los Santos Inocentes en la cultura Sajona), el desarrollo de un nuevo paquete legislativo para permitir la monitorización sistemática del correo electrónico y la navegación web de los ciudadanos sin ningún tipo de supervisión judicial. Una democracia teóricamente consolidada como la británica, siguiendo el rumbo marcado por países como China o Irán, y haciendo pública la que hasta ahora era secreta envidia por la capacidad de control del Estado sobre sus ciudadanos existente en esos países. Las reacciones ante unas “medidas de modernización de las técnicas policiales” sobre las que ya se ha informado a los Internet Service Providers (ISP) y que se pretende entren en vigor en menos de un mes no se han hecho esperar: desde políticos que lo consideran “una innecesaria extensión de las posibilidades del Estado para espiar a personas normales” hasta ciudadanos que han decidido protestar poniendo en Carbon Copy (CC) a David Cameron o al Government Communication HeadQuarters (GCHQ) todos sus correos enviados, para “evitarles el trabajo innecesario de espiarles”. Recordad que siempre nos ponen a China, Irán, Corea del Norte y Cuba como antros de violación de los DDHH. Human Rights Watch Where are You? ¿ Todavía existe la ONU?
De la España de Mariano Rajoi recibimos estas líneas: El Gobierno de Rajoy quiere blindar las calles, endurecer las leyes, encarcelar a los revoltosos y criminalizar a los que protesten. Nadie defiende –al menos yo no lo hago– la protesta violenta. No debería ser necesario endurecer la legislación para castigar a esos pocos que las protagonizan, sean barras bravas del fútbol o antisistemas. Son delitos que ya están penados. Pero los planes del Gobierno utilizan los anecdóticos actos vandálicos como coartada para poner sordina al legítimo reclamo de la ciudadanía. Convertir protestas pacíficas en atentados contra la autoridad castigados con cárcel es una vulneración de los derechos civiles, un grave abuso que debería hacer saltar las alarmas entre aquellos que dicen defender la Carta Magna.
De entre todos los porrazos al Código Penal que ayer anunció el Ejecutivo destacan dos disparates. El primero, que la resistencia pasiva sea considerada como un atentado a la autoridad castigado con la cárcel. Reducido al oxímoron, atentado pasivo: dícese del ejercicio pacífico del derecho constitucional a la reunión y a la manifestación sin esperar a la bendición del respectivo permiso del Gobierno.
El segundo disparate: que la simple convocatoria por Internet vaya a estar penada por cárcel y se convierta en un delito de “integración en organización criminal”. En la práctica, convierte en un delito la difusión por la red de cualquier manifestación que no esté previamente autorizada. ¿Da igual que la convocatoria sea pacífica? Si alguien difunde la manifestación y después un vándalo hace el idiota, ¿la cárcel es para ambos?
Es obvio que el Gobierno no está esperando a cambiar la ley para aplicar la política de mano dura, que forma parte de una estrategia muy estudiada contra el 15-M y otros movimientos de protesta. Las reformas que prepara el Gobierno coinciden de pleno con las instrucciones que ya está siguiendo la Fiscalía General del Estado.
Y no olvidar que en EEUU existe un programa que espia las conversaciones telefónicas en busca de palabras como: bomba, armas, explosivos,etc. Y la ley SOPA.
Tal parece que los inútiles políticos SI tomaron nota de lo de Túnez, Egipto y Libia, y desde ya ponen las bardas en remojo para impedir cualquier avance democrático de los pueblos bajo su yugo ya asfixiante. Con todo y crisis compraremos algunos vehículos anti-motines,' riots' y demás.
La deriva es peligrosísima, y sigue las dinámicas conocidas: invocar al miedo y a la seguridad de los ciudadanos como justificación de unas medidas de control absurdas e innecesarias. Junto con la pornografía infantil y los derechos de autor, la justificación más común para avanzar en el establecimiento de un estado policial. La idea de “yo no hago nada malo ni pienso hacerlo, y por tanto no me importa” es una absoluta barbaridad. Es preciso citar a Benjamin Franklin:
"Those who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety"
(Aquellos que están dispuestos a entregar sus libertades fundamentales a cambio de un poco de seguridad temporal, no merecen libertad ni seguridad”)
En un estado democrático, la tecnología debería servir para que los ciudadanos pudiesen controlar con total transparencia el trabajo de unas instituciones a las que han encomendado un trabajo de delegación y representación, nunca al revés. A partir del momento en que esas instituciones pretenden utilizar la tecnología para espiar a sus ciudadanos, es que algo enormemente importante se ha perdido. Medidas así solo provocarán el desarrollo cada vez mayor de herramientas de cifrado, la popularización progresiva de una red por la que todo caminamos permanentemente enmascarados. Permitir la monitorización no es colaborar con las autoridades ni con la seguridad: es, sencillamente, una aberración. El Big Brother de G. Orwell, pero nos lo trae no el comunismo sino nuestros adorados, salvadores: demócratas. El Estado enemigo del ciudadano.
También el tema de la censura a la Web es otro apéndice de lo citado: Recordar el cierre de MEGAUPLOAD.com, veamos ayer 15 de abril The Guardian entrevistó a Sergei Brin en la conversación, el cofundador de Google deja claras sus preocupaciones por lo que considera el momento más comprometido en la historia de la web, en el que sus principios fundacionales de apertura y libre acceso se encuentran más en peligro. Los enemigos son claros y concretos: gobiernos que intentan ejercer un control desmesurado sobre sus ciudadanos, la industria del entretenimiento con su defensa por todos los medios de la propiedad intelectual.

Conclusión.

Que en la situación actual los controles democráticos fallen estrepitosamente y los gobiernos se conviertan en enemigos de sus ciudadanos, intentando utilizar la red para perpetuarse en el poder y para controlar lo que nunca debió poder ser controlado mediante excusas como la seguridad, la propiedad intelectual o la pornografía infantil resulta de todo punto inaceptable, y requiere grandes dosis de información y, sobre todo, de activismo, para intentar oponerse a ello. Que los gobiernos de medio mundo avancen hacia sistemas de control similares a los que han construido países como China o Irán es de las situaciones más preocupantes que podemos afrontar como sociedad. Que un gobierno pueda reclamar a proveedores de servicios en la web cualquier información sobre sus usuarios, sin necesidad de motivar dicha petición adecuadamente, sin que este se pueda negar a proporcionarla o incluso impidiendo que ponga sobre aviso a esos usuarios cuya información se ve comprometida es una prueba clara de la gravedad de lo que estamos viviendo. Nada justifica algo así. ¡Estad Alertas!
Más que nunca, infórmate. Es tu responsabilidad. Y créeme, es una gran responsabilidad.



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