La Cibervigilancia es un tema que viene de muy lejos, casi tan antiguo como el uso comercial de la web. El desarrollo de las cookies
por parte de Netscape como forma sencilla de preservar información
entre sesiones de navegación de un usuario dio origen a una amplia gama
de posibilidades de monitorización que han ido sofisticándose con el
avance de la tecnología, relacionadas generalmente con cuestiones como
la publicidad, el control de acceso, los carritos de la compra, etc., y
que han terminado por llevarnos a la situación actual.
Sus connotaciones, sin embargo, cambiaron bruscamente a partir de las
revelaciones de Edward Snowden que comenzaron en mayo de 2013. La
llamada “era post-Snowden” se caracteriza por la creencia de que un
gobierno, particularmente el norteamericano, es el protagonista
principal de todo lo relacionado con la cibervigilancia. Tras comprobar
de manera fehaciente la magnitud de las operaciones de la NSA, hay dos
verdades que se han instalado de manera persistente en el imaginario
colectivo: la primera, que la principal amenaza a la privacidad de los
usuarios proviene de la NSA. Y la segunda, que el problema es que el
gobierno norteamericano abusa de la Patriot Act y permite una serie de prácticas que resultarían imposibles en otros países.
La primera cuestión, la magnitud de la cibervigilancia, está ganada a
pulso. El incremento de la magnitud de las operaciones de la NSA
adquiere tintes de auténtica metástasis, una hipertrofia brutal que
coincide además en el tiempo con la apertura del faraónico complejo de
Utah y con la evidencia de que sus actividades, permitidas y alentadas
por aquel presidente que parecía tener actitudes tan abiertas ante la
tecnología, parecen ir mucho más allá de lo que sería razonable en aras
de una hipotética protección de la seguridad nacional. Pero no nos
engañemos: la principal amenaza a la privacidad y el mayor volumen de
datos recolectados sobre nuestras actividades en la red no corresponde a
la NSA, sino a compañías privadas.
A medida que las evidencias sobre la cibervigilancia de la NSA van
minando nuestro nivel de tolerancia para hacernos creer que este tipo de
cuestiones son “lo normal” o “lo que todo el mundo hace”, las compañías están escalando sus prácticas de monitorización mediante tecnologías como el llamado “device fingerprinting”
(la captura de una amplia variedad de datos sobre características de la
máquina que origina la conexión, con el fin de acumularlas para obtener
una especie de huella característica de la misma) o las llamadas “supercookies“, que permiten el seguimiento de un usuario a través de diferentes dispositivos.
Como bien advertía Rebecca MacKinnon en su “The consent of the networked“, para cuya edición española ya está en circulación,
la cibervigilancia no es responsabilidad ni labor exclusiva de los
gobiernos, sino de una combinación de actividades de empresas privadas y
de estos. De hecho, una de las técnicas empleadas por los gobiernos es
precisamente relajar esta recolección de datos en dichas empresas
privadas, a las que posteriormente pueden reclamar el acceso. En el
futuro, es muy posible que la tendencia sea precisamente esta: relajar
la recolección directa de datos por parte del gobierno a medida que se
incrementa la presión política y ciudadana para un control más
exhaustivo de la misma, pero incrementar el nivel de exigencia sobre las
empresas que recopilan datos de los usuarios con fines comerciales.
Lo que nos lleva al segundo mito: que el gobierno de los Estados
Unidos es, de alguna manera, “especialmente peligroso” con respecto al
tema de la privacidad. En efecto, el gobierno norteamericano ha sido el
que ha sufrido el impacto directo de las revelaciones de un Edward J.
Snowden que, después de todo, se infiltró en su plantilla y no en la de
otro país, y parece además especialmente motivado a ejercer un fuerte
nivel de vigilancia a partir del clima que se generó con los atentados
del 11S y posteriores. Sin embargo, hay una gran verdad de la que no se
suele hablar tanto: al menos en el gobierno de los Estados Unidos
existen algunos mecanismos que posibilitan que este tipo de acciones,
que efectivamente en muchas ocasiones caen en el abuso, puedan ser
mínimamente investigadas. La desclasificación obligatoria de documentos
tras pasar un cierto tiempo, o la posibilidad de las empresas de
argumentar o contestar las peticiones de datos gubernamentales llevan a
que, en realidad, y por mucho que podamos decir de los Estados Unidos,
la situación de las amenazas a la privacidad por parte de gobiernos sea
mucho peor no solo en países que directamente no respetan los derechos
humanos, sino incluso en otros, como muchos en Europa, que ni siquiera
permiten a las empresas decir nada en caso de que los datos de sus
clientes sean reclamados por su gobierno.
Países
como Suiza, o como una Alemania que habitualmente se considera extrema
en las medidas de protección de la privacidad, no permiten a las
compañías ningún tipo de defensa ante un requerimiento gubernamental.
En otros casos, esa legislación es directamente difusa o desconocida, y
la práctica habitual es tapar todo ese rango de actividades bajo el
amplio manto de “secretos oficiales”. Sí, el gobierno de los Estados
Unidos abusa a todas luces de su capacidad para la cibervigilancia de
los ciudadanos y de su potencial para actuar como punto central en el
que se concentran peticiones a diversas compañías. Sí, muchos de los
controles que teóricamente había han fallado estrepitosamente. Pero como
usuarios, debemos preocuparnos más por controlar los abusos a los que
nos someten las empresas privadas y los gobiernos de nuestros propios
países, en los que todo indica que existe un nivel de control inferior
al que, después de todo, impera en los Estados Unidos.
Las reacciones de escándalo ante las actividades de la NSA son
completamente lógicas, pero deben acompañarse de las correspondientes
peticiones y presión ante las empresas a las que alegremente entregamos
datos para asegurar que mantenemos el control sobre los mismos, y ante
los gobiernos de cada país para saber qué es exactamente lo que están
haciendo y hasta dónde llegan sus actividades relacionadas con este
tema. Limitarse a escandalizarse ante la NSA sin acompañarlo de esta
reflexión podría terminar por tener, incluso, un efecto adverso. Ninguna
vigilancia oculta es buena, porque básicamente no sirve para nada: los
“malos” la evitan, y se termina por monitorizar simplemente a quienes no
sienten que tengan motivos para evitarla. Debemos, por tanto, tener
claro quién está haciendo qué, a qué nivel de vigilancia nos está
sometiendo quién, y reclamar nuestros derechos con la presión adecuada
no solo ante los Estados Unidos y la NSA, sino ante quien corresponda en
cada momento. A veces, el verdadero enemigo está más cerca de lo que
uno piensa.
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